El 25 de junio, se publicó un informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas que señaló que la producción potencial de cocaína en Bolivia, Colombia y Perú había alcanzado su punto máximo en los últimos 10 años. Tales conclusiones ya han suscitado diversas evaluaciones en países de América Latina. ¿Qué datos proporciona la Oficina de EE.UU.? ¿Cómo afectará este informe la imagen de los gobiernos regionales?
El informe de Washington del viernes pasado, “La política nacional de control de drogas de los Estados Unidos publica datos sobre el crecimiento y la producción potencial de cocaína en la región Andina”, examina los resultados de las evaluaciones anuales de la Casa Blanca que toman en cuenta el cultivo de coca y la producción potencial de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. La producción potencial de cocaína se refiere a la siembra de cultivos ilícitos de coca para la producción de pasta de coca (base), así como al proceso de refinación y obtención de clorhidrato de cocaína, es decir, una droga refinada. Cada vez en este documento, se analizan dos variables. El primero se refiere a las plantaciones totales de hojas de coca y el segundo se refiere al potencial de producción de cocaína.
Cabe referirse a las principales conclusiones del informe de este año. Según el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), en el período de 2010 a 2020. La producción potencial de cocaína en Bolivia aumentó en un 44%. Mientras tanto, según un documento publicado el 25 de junio de 2019 a 2020 las plantaciones de coca en Bolivia disminuyeron un 7%. A su vez, Colombia y Perú registraron incrementos récord en la producción de hoja de coca. En el caso de Colombia – en un 15% el año pasado, y en Perú – la tasa más alta de los últimos 10 años: un aumento de la superficie a nivel de 88,2 mil hectáreas.
El partido gobernante de Bolivia rechaza que los hechos de este informe sean exactos. Andrés Flores y Freddy Velázquez, diputados del partido “Movimiento al Socialismo” (MAS), que proceden de la región de Yungas donde se cultiva coca, rechazaron el informe de la Oficina de los Estados Unidos y confirmaron que Bolivia ha demostrado desde 2006, que con la ayuda de la “nacionalización” de la lucha contra las drogas, en el país se está llevando a cabo una lucha más eficaz contra el narcotráfico.
Velázquez cuestionó este documento. “No sé de dónde sacan estos números, porque en el caso de Bolivia, y desde que nacionalizamos la lucha contra el narcotráfico a través de la UE (Unión Europea) y UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), encontramos grandes “laceraciones” del pasado, cuando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ingles – United States Agency for International Development, USAID) tenía presencia en el país. Según el diputado, el Gobierno boliviano aplicará el control con toda la severidad de la ley contra el narcotráfico. Su colega Andrés Flores también se mostró escéptico sobre el informe. “Dicen que la producción de cocaína ha aumentado, yo creo que no es así, no estamos impulsando la producción de cocaína”, concluyó un representante de la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Según el informe, en 2020 la superficie sembrada de coca en Bolivia ascendió a 39,4 mil hectáreas, un 7% menos que en 2019 (42,18 mil hectáreas), pero aún se acerca a un nivel récord. El correspondiente potencial de producción de cocaína se mantuvo constante en 312 toneladas métricas. Asimismo, según las tablas publicadas por la Oficina de Control de Drogas de los EE.UU., habrá 301 toneladas de producción potencial de cocaína en 2019. Durante el año, la cantidad aumentó en 11 toneladas. Un año antes, en 2018, se registraron 251 toneladas de producción potencial de cocaína. En 2010, este rango era de 216 potenciales toneladas de cocaína por año.
En el caso de Colombia, la “cosecha” de coca alcanzó su nivel más alto en una década. En 2020, la superficie sembrada para este cultivo creció casi un 15% con respecto a 2019. El informe también dice que el Gobierno colombiano reportó un récord de 130 mil hectáreas de superficie destruido a mano, y casi 580 toneladas métricas de cocaína y pasta de coca (base) incautados en 2020.
Tras la publicación de este informe, el Gobierno colombiano dijo que enfrentó una serie de obstáculos durante este tiempo que han afectado los esfuerzos generales para reducir el cultivo de coca, incluido el aumento de la violencia rural y las altas tasas de Covid-19. El cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia alcanzaron un récord de 245 mil hectáreas y 1.010 toneladas métricas, respectivamente, el año pasado- Según estimaciones de la Oficina de Control de Drogas de los EE.UU. Según Washington, tales tendencias muestran la necesidad de fortalecer enfoques holísticos que combinen desarrollo económico, mayor presencia gubernamental y seguridad ciudadana, prohibiendo y erradicando el cultivo de coca en áreas rurales clave para reducir de manera sostenible la producción de cocaína y establecer una tregua en áreas afectadas por conflictos.
En cuanto a Perú, la Oficina de Control de Drogas de los EE.UU. marca un récord histórico para el cultivo de coca en 2020: 88,2 mil hectáreas. En los últimos cinco años esta cifra se ha duplicado, ya que en 2016 el nivel de plantaciones ilegales se fijó en 44 mil hectáreas.
Representantes de esta Oficina en su documento llamaron la atención sobre el hecho de que en el Perú, la crisis de salud se ha convertido en gran parte en un obstáculo para las iniciativas del Gobierno del país latinoamericano encaminadas a erradicar el problema. “La pandemia ha creado obstáculos importantes a los esfuerzos del Gobierno peruano para proporcionar medios de vida alternativos a los ex cultivadores de coca, construir infraestructura de transporte en áreas subdesarrolladas y mantener seguros a los aldeanos peruanos”, dice el informe.
El informe de la Oficina Nacional de Control de Drogas de EE. UU. ya ha generado distintas evaluaciones en la región y más allá. Sin duda, América Latina sigue siendo una de las principales regiones productoras de drogas del mundo. Esto afecta la política, la economía y otros aspectos de la vida en los países de la región. El narcotráfico en los Estados latinoamericanos satisface las necesidades de los mercados nacionales y extranjeros. Históricamente, la Casa Blanca ha combatido este “tsunami” desde América Latina a través de herramientas como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (ingles – United States Drug Enforcement Administration , DEA).
El panorama regional ha cambiado en los últimos años. Por ejemplo, en 2008, el Gobierno de Evo Morales (Juan Evo Morales Ayma) suspendió el trabajo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y expulsó a los representantes de la DEA, quienes, según las autoridades bolivianas, se inmiscuyeron en los asuntos internos y amenazaron la soberanía nacional de Bolivia. Hoy, muchos años después, los gobiernos locales no suelen ignorar los informes de Washington y los Estados latinoamericanos presentan sus informes antidrogas anualmente. En este delicado ámbito, los temas principales permanecen: lograr un equilibrio en la elección de la estrategia y los medios, así como la confiabilidad de los hechos. Como a principios del siglo XXI, estos problemas fundamentales no se han resuelto.
