Los cinco meses antes de las Elecciones Presidenciales en Nicaragua, las fuerzas del orden del país centroamericano detuvieron a más de una decena de opositores y candidatos preliminares a quienes acusan de presuntamente cometer actos que atentan contra la soberanía nacional, lo que ya ha planteado serias dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y recibió la condena de la comunidad internacional. ¿Qué está pasando en Nicaragua hoy? ¿Por qué la lucha política interna tomó formas tan contradictorias?
Las Elecciones Generales en Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre, pero hoy el grado de tensión interna ha aumentado al límite. Los opositores Félix Maradiaga (Félix Alejandro Maradiaga Blandón) y Juan Sebastián Chamorro (Juan Sebastián Chamorro García) fueron arrestados a principios de junio por las fuerzas del orden nicaragüenses bajo sospecha de amenazar la soberanía nacional y los intentos de intervención extranjera. Ellos, como otros dos políticos detenidos al inicio de junio, podrían competir con el Presidente de 75 años, Daniel Ortega (José Daniel Ortega Saavedra), quien planea postularse por cuarta vez consecutiva en las próximas elecciones. En la práctica, la sociedad civil en el país latinoamericano aún está fragmentada y carece de una base coherente, por lo que es poco lo que puede impedir que el actual Jefe de Estado sea reelegido para otro mandato en noviembre.
Por cierto, el 8 de junio, Maradiaga fue citado a la Fiscalía, donde confirmó su intención de presentar su candidatura en el marco del próximo proceso electoral. Como resultado, lo esperaba un interrogatorio de cuatro horas, durante el cual los investigadores intentaron entender si Félix Maradiaga pretendía pedir a la Casa Blanca que imponga sanciones contra el Gobierno de Nicaragua. Después de su testimonio, Maradiaga y su abogado fueron detenidos y luego llevados en dirección desconocida.
Unos días después, otro presunto candidato, Juan Chamorro, fue detenido en su domicilio. Según la Policía, las detenciones de ambos estuvieron relacionadas con “acciones que atentan contra la soberanía e independencia del país”, así como con “intentos de llamar a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país y la incitación a la intervención militar”.
Además, también fueron detenidos el líder opositor y ex Embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz (Arturo José Cruz Sequeira), la prima de Juan Chamorro, Cristina Chamorro (Cristiana María Chamorro Barrios), quien aún se encuentra bajo arresto domiciliario. Esta última fue acusada de blanqueo de dinero. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha pedido la liberación de Christina Chamorro.
Para analizar la situación actual en Nicaragua, cabe volver al contexto de los hechos de los últimos años, uno de los cuales fue la aprobación de la controvertida Ley No. 1055. El proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Nacional del país en diciembre de 2020, supuestamente tenía como objetivo “proteger los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación en nombre de la paz” y fue utilizado durante estos años principalmente para detener a varios opositores al Gobierno de Daniel Ortega.
Por el momento, entre los 14 detenidos, ya hay cuatro posibles candidatos presidenciales en las elecciones que se celebrarán en noviembre. De ellos, 13 fueron detenidos en virtud de la Ley No. 1055. Según este ritmo, es posible que a Daniel Ortega no le queden oponentes para entrar al proceso electoral.
Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue miembro del Consejo del Gobierno del Renacimiento Nacional en el apogeo de la Revolución Sandinista desde 1979 hasta 1985. Luego fue elegido Presidente por primera vez para el período de los años 1985-1990 y finalmente regresó al poder en 2007 después de ganar las elecciones en noviembre de 2006. Desde entonces, Daniel Ortega ha sido reelegido dos veces luego de una reforma constitucional que eliminó las restricciones a la reelección para el cargo de Jefe de Estado en Nicaragua para períodos posteriores.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó este lunes “una brutal escalada de represión y persecución a líderes civiles y políticos”. El 15 de junio, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una Resolución “Sobre la Situación en Nicaragua”, en la que expresa “preocupación” por el reciente deterioro de la situación política en el país centroamericano y exige una reforma electoral para garantizar elecciones libres y transparentes.
La resolución de la OEA fue aprobada con el apoyo de 26 países con tres votos en contra y cinco abstenciones, incluidos México y Argentina, quienes sin embargo publicaron un Comunicado Conjunto reflejado el documento aprobado. A pesar de su desacuerdo con el “desprecio por el principio de no injerencia en los asuntos internos” y con la “intención de imponer pautas desde el exterior”, los dos Estados latinoamericanos rechazan la persecución política y admiten que una revisión de las detenciones de políticos opositores “ayudaría a garantizar que el proceso electoral previsto reciba el reconocimiento internacional adecuado”. En noviembre de 2020, otra Resolución, que establece mayo de 2021 como fecha límite para la reforma electoral del Gobierno de Nicaragua, fue apoyada por 20 países.
En los últimos meses, los defensores de los derechos humanos han mostrado su preocupación. La ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet (español – Verónica Michelle Bachelet Jeria), quien se ha desempeñado como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2018, dijo: “Desde el último informe sobre Nicaragua el 23 de febrero, nuestra agencia ha notado una aceleración alarmante en el deterioro de la situación de los derechos humanos. Esto reduce las posibilidades de que la población realiza plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cambie urgentemente el curso de acción que está llevando a cabo en el contexto de la campaña electoral”.
A pesar de las críticas de la comunidad internacional, el Gobierno de Ortega se mantiene firme. Continúa el agravamiento de la lucha política. Así, además de la mencionada Ley N ° 1055, en diciembre se aprobó un proyecto de ley de seguridad, formalmente diseñado para proteger la soberanía, y en mayo se llevó a cabo una reforma electoral que arroja aún más dudas sobre la legitimidad de las próximas elecciones. Mientras algunos expertos se preguntan por qué Daniel Ortega necesitaba eliminar a los opositores políticos de esta manera, porque, según las previsiones, su electorado pudo brindarle un apoyo significativo, otros señalan que existían problemas con los derechos humanos en Nicaragua incluso antes de que la llegada de los sandinistas. Quedan poco menos de cinco meses para el proceso electoral previsto, y un futuro muy cercano mostrará cómo se comportará el actual gobierno en su búsqueda de la victoria en las elecciones.
