La Cámara Alta del Parlamento mexicano aprobó el 27 de noviembre una reforma constitucional que permite un juicio contra el Presidente del país. Esta medida quita la inmunidad que impide que un Jefe de Estado en funciones sea procesado por hechos cometidos durante su mandato presidencial. ¿Por qué el Senado mexicano obtuvo una mayoría de votos a favor de tal reforma constitucional? ¿Cómo puede afectar tal iniciativa el futuro político del país?
La reforma, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de “izquierda”, recibió 89 votos “a favor” y 23 “en contra” en la Cámara Alta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo fin al proceso legislativo federal luego de la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en septiembre. La mayoría de los senadores votaron por el proyecto, que efectivamente priva de inmunidad al máximo funcionario del país. El marco actual estipula que un Jefe de Estado en funciones, mientras su gobierno permanezca en el poder, solo puede ser responsabilizado por alta traición o delitos generales graves.
Las dos Cámaras del actual Congreso están dominadas por el gobernante partido “Morena”, que mediante la participación de coalición logró alcanzar los votos de dos tercios de los legisladores presentes para aprobar la reforma constitucional. Mediante la modificación de dos artículos de la Constitución, el titular puede rendir cuentas por cualquier delito, como la corrupción, después de un juicio político preliminar en el Senado. Las autoridades federales también podrían ser acusadas del mismo delito que el Presidente.
“Por primera vez en la historia hemos legislado para eliminar el fuero constitucional del Presidente”, dijo el senador Ricardo Monreal, uno de los votantes para levantar la inmunidad del Jefe de Estado, destacando que la reforma, aprobada por la Cámara Alta del Congreso, fue un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de México.
Después de la aprobación de este proyecto en la Cámara Alta del Parlamento mexicano el 27 de noviembre, la iniciativa ahora será enviada a los Congresos de 32 Estados, donde requiere un voto a favor al menos de los 17 de ellos. Si la reforma constitucional es finalmente aprobada por los parlamentos regionales, López Obrador se convertirá en el primer Presidente en rendir cuentas por alta traición, corrupción y delitos electorales, así como cualquier otro delito previsto en el Artículo 108 de la Constitución mexicana.
La propuesta de levantar la inmunidad al Jefe de Estado fue presentada por López Obrador como una forma de combatir la corrupción y la impunidad, que fueron las dos de las principales promesas de su Gobierno. El actual Presidente asumió el cargo en diciembre de 2018. Anteriormente, estando en la oposición, Obrador acusó a los Presidentes de corrupción, pero el marco legal no les permitió presentar acusaciones formales.
Además, el político de “izquierda” ha pedido que se realice una consulta popular en 2021 para determinar si se inicia una demanda contra cinco ex Presidentes mexicanos por decisiones políticas tomadas durante sus Gobiernos. De hecho, no existe una necesidad legal para esta encuesta, ya que luego de la aprobación de las enmiendas en la Constitución, el marco legal permitirá presentar acusaciones contra los ex líderes. Sin embargo, López Obrador mencionó que su Gobierno solo emprendería acciones legales con el consentimiento de la mayoría de los ciudadanos.
Pasando a los orígenes de este tema, cabe señalar que en la historia reciente de México, solo uno de los expresidentes de México, Luis Echeverría (Luis Echeverría Álvarez) (1970-1976), compareció ante la justicia por delitos de lesa humanidad cometidos durante las dos masacres de estudiantes en 1968 y 1971 por funcionarios militares y gubernamentales. El exjefe de Estado fue acusado de disparar contra una manifestación estudiantil el 2 de octubre de 1968; en 1971, los militares dispararon contra una manifestación de estudiantes en la fiesta del Corpus Christi. En 2009, el Tribunal retiró las acusaciones contra Echeverría, ahora de la edad de 98 años, por considerar que no se encontraron pruebas suficientes. Décadas más tarde, Luis Echeverría fue absuelto por un Tribunal especial que investigó todas las circunstancias del incidente.
Hoy en México se discute ampliamente la posibilidad de procesar al expresidente Enrique Peña Nieto. En junio de 2019 se abrió una causa penal en los Estados Unidos contra Peña Nieto, quien ocupó el cargo de 2012 a 2018. La investigación sugiere que el exjefe de Estado recibió un soborno de la campaña petrolera “Pemex” como parte de la venta y compra de la no rentable empresa privada “Fertinal” en 2015. Según los expertos, la empresa fue adquirida por un monto exagerado. Sin embargo, Nieto niega todas las acusaciones. Rosario Robles (María del Rosario Robles Berlanga), quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestada más tarde por orden judicial en México.
En la actualidad, las noticias de México suelen asemejarse a “informes del campo de batalla”: en enero-agosto de 2019, 12 periodistas fueron asesinados en este país latinoamericano, los cuerpos de seis personas fueron encontrados en la ciudad de Zamora (estado de Michoacán, México), activistas protagonizaron una acción Protesta en el edificio de la Fiscalía General de México, exigiendo una investigación más profunda del caso de violación de una menor de edad. Al comienzo de su campaña electoral, López Obrador se comprometió a eliminar la corrupción y combatir la ilegalidad. Sin embargo, la implementación de los puntos principales de su programa requiere un enfoque estructurado. Sin embargo, según varios analistas, la aprobación por parte del Senado de la reforma constitucional fue un paso muy representativo, lo que demuestra la disposición del Gobierno para el diálogo.
