¿Ha notado que tanto sentido le damos a la comida? Compartimos platillos en redes sociales, hablamos de lo que comimos hoy o planeamos cenar el viernes… Una rutina diaria para la mayoría de nosotros, pero un verdadero lujo para el 80% de la población mundial. Y los desafíos de este año no hacen más que obstaculizar su accesibilidad.
En América Latina, donde el costo de una dieta nutritiva supera el promedio mundial, los problemas del hambre encabezan la agenda regional. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), más de 16 millones de personas estarían expuestas al hambre extrema y otros 48 millones sufrirían inseguridad alimentaria a finales del año. Resulta que más del 10% de la población latinoamericana enfrentará riesgos de salud debido a deficiencias de nutrientes. ¿Cómo reaccionan los gobiernos y cuál es el papel de las instituciones financieras multilaterales al abordar los desafíos de la seguridad alimentaria?
América Latina enriqueció al mundo no solo con ingredientes tan básicos como las papas, los tomates, el maíz, los frijoles y el maní, sino que también hizo que la gastronomía sorprenda el paladar gracias al cacao, el aguacate, los chiles, la vainilla y decenas de superfoods, tan esenciales para los smoothies de los biohackers de hoy en día.
Sin embargo, estamos a más de 500 años de los tiempos de la Conquista, y América Latina de nuestros días tiene que enfrentar a la desnutrición y la inaccesibilidad financiera de dietas equilibradas y nutritivas. De 2000 a 2014, el número de personas que padecen hambre se redujo casi a la mitad, pasando de 74 millones a 38 millones, pero en los últimos seis años las cifras han empeorado nuevamente: para fines de 2020, se estima que el número de personas desnutridas superará los 60 millones de personas.
En la región donde incluso las economías clave se estancaron en los últimos años, la crisis financiera provocada por la pandemia podría desencadenar una recesión de varios años y escalar internos conflictos políticos y sociales, complementados con una desigualdad aún mayor. Según los expertos de la CEPAL, el porcentaje de población que vive en situación de pobreza alcanzaría el 35% a fines de 2020 y al menos un tercio de ellos enfrentará escasez de alimentos. En tales condiciones, los gobiernos se ven obligados a responder con rapidez y revisar sus programas y flujos financieros.
Al no estar preparados para la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas, los países latinoamericanos se encuentran en un callejón sin salida y se ven obligados a contraer nuevos compromisos de deuda con acreedores internacionales. De tal forma, las instituciones financieras multilaterales, los fondos especializados y los bancos con sede fuera de la región son los que más aprovechan del momento. Teniendo en cuenta que el retorno de las economías nacionales a los indicadores anteriores a la crisis llevaría de cinco a siete años (y es esa una visión bastante positiva), los países están aceptando la necesidad pospuesta de refinanciar sus préstamos y una mayor reducción de la autonomía financiera.
Bolivia y Argentina ya han adoptado medidas aceleradas para combatir el hambre con créditos nuevos o reordenados. Mientras tanto, el gobierno de Chile está tratando de aprovechar al máximo sus propios recursos y evaluando opciones alternativas.
El gobierno interino de Jeanine Añez en Bolivia ya acordó los términos del préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las instituciones financieras aprobaron nuevas líneas de crédito por $200 millones de dólares y $450 millones de dólares, respectivamente. Los fondos se utilizarían como dinero de helicóptero destinado a los adultos ciudadanos bolivianos que estén desempleados y socialmente vulnerables. Los Bonos contra el hambre de 1,000 bolivianos (~ $140 USD) serán pagados una sola vez y están dirigidos a cubrir parcialmente los gastos en alimentos. Su valor es casi la mitad del salario mínimo en Bolivia (2,122 bolivianos o ~ $300 USD). Además, en abril, los bolivianos que no tienen empleo ya recibieron bonos de 500 bolivianos (~ $70 USD) como medida de apoyo adicional.
En su turno, Argentina, apoyada con un préstamo de $300 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), aumentó la circulación de tarjetas alimentarias que cumplen con los objetivos nacionales de seguridad alimentaria. Justo después de llegar al poder en 2019, el presidente Alberto Fernández lanzó el Plan Argentina Contra el Hambre, la estrategia nacional para combatir el hambre, que adquirió una importancia adicional en tiempos de crisis socioeconómica del COVID-19. Las tarjetas de alimentos con 4,000 pesos (~ $50 USD) o 6,000 pesos (~ $80 USD) fueron parte del Plan Nacional desde su publicación y son más que oportunas en estos días. Se recargan mensualmente y solo se pueden usar para comprar alimentos. Además, con el respaldo de un préstamo del BID, el gobierno del país planea hacer digitales las tarjetas de alimentos y consolidar las cadenas de suministro des productores agrícolas a consumidores, brindando apoyo a las pequeñas empresas agropecuarias. Los objetivos y condiciones de la línea de crédito de $1,700 millones de dólares se renegociaron este enero y desde entonces ya se han reorientado casi mil millones de dólares.
En Chile, donde casi el 11% de los 18,7 millones de habitantes padece hambre extrema y el PIB nacional podría disminuir hasta en un 25% para fines del 2020, la situación es crítica. El descontento nacional y las protestas estallan en todo el país como reacción a «medidas ineficientes e insuficientes» del gobierno. Hasta ahora, los ciudadanos de bajos ingresos están recibiendo un apoyo de 3 meses de 65,000 pesos (~ $80 USD), mientras que las autoridades están deliberando sobre soluciones para abordar la crisis alimentaria y reducir las tensiones sociales. Una medida propuesta el mes de mayo por el presidente Sebastián Piñera fue la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos a los grupos más vulnerables. Se suponía que este apoyo cubriría alrededor del 70% de los hogares con sin fuentes de ingreso. Sin embargo, de hecho, menos del 30% de las familias hambrientas recibieron paquetes de alimentos suficientes para unos 10 días. En este contexto, la oposición chilena propuso introducir un adicional impuesto temporal del 2.5% sobre propiedad con valor agregado superior a $22 millones de dólares. Se supone que los fondos recibidos de los ciudadanos más ricos se redistribuirán a favor de los pobres. Según los cálculos de los parlamentarios, este ‘fondo’ ascendería a $6 mil millones de dólares y podría proporcionar a los hogares de bajos ingresos con pagos de $500 dólares durante unos seis meses. Sin embargo, el proyecto sigue siendo objeto de batallas parlamentarias y parece estar lejos de ser adoptado.
Aun así, las circunstancias han reenforzado el apoyo mutuo chileno que se originó en los días de Augusto Pinochet (dirigió el país desde 1973 hasta 1990). Las ollas comunes, los restaurantes y las cafeterías se han unido a la lucha contra el hambre dentro del proyecto solidario Comida para todos. Desde mediados de mayo se han sumado al programa unas 78 empresas (incluyendo líderes de ratings gastronómicos) en las ciudades de Santiago de Chile, Antofagasta, Valparaíso y Viña del Mar.
La desigualdad de ingresos y una enorme brecha entre ricos y pobres han sido históricamente unos desafíos serios para América Latina. En tales condiciones, la solución propuesta por la oposición chilena (a pesar de su populismo) podría aliviar las tensiones sociales y absorber conflictos. Dado el regionalismo de la política latinoamericana, este enfoque tiene oportunidades de extenderse. La redistribución razonable y controlada de la riqueza podría convertirse en un argumento en el debate político, suavizar las fallas de los sistemas nacionales de seguridad alimentaria y frenar la espiral de crecimiento de deudas externas.
