El tradicionalismo de los consumidores, el conservatismo de los productores y la alta exposición de ambos grupos a eventos naturales y desastres fuera del control de cualquiera de ellos caracterizan a las economías latinoamericanas. Estas desafiantes condiciones enmarcan la actividad de los inversionistas estableciendo estándares altos, remodelando el enfoque a activos latinoamericanos y dirigiéndose a los Millennial.
A pesar de los lockdowns y la crisis económica, el ritmo de la vida global y la toma de decisiones aumentaron significantemente. Esto también se aplica al mercado de inversiones, donde ambos actores institucionales y privados se ven obligados a equilibrar estrategias rápidamente. Los objetivos globales se concentran principalmente en tres áreas clave: minimizar las pérdidas, respaldar los activos sin perder tiempo y planear a largo plazo. Además, la desglobalización junto con el autoabastecimiento regional está en la agenda.
Buscando soluciones para crear valor y generar ganancias a largo plazo en los mercados latinoamericanos, los fondos de inversión e inversionistas privados empiezan a fijarse en la inversión responsable alineada con el concepto de desarrollo sostenible.
La iniciativa ‘Principios para la Inversión Responsable’ (UN PRI), una red de inversionistas reunidos por la Organización de las Naciones Unidas anunció en julio que su quincuagésimo signatario invirtió en activos latinoamericanos. Así, el volumen de la cartera regional de participantes de la UN PRI alcanzó los 453 mil millones de dólares, en solo dos años después de la apertura de la oficina regional.
La evaluación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) no solo esta vinculada por aspectos éticos, sino también aporta a la estabilidad de fondos. En 2019, el volumen de inversión extranjera en América Latina ascendió a 165 mil millones de dólares, aunque el interés de inversionistas va disminuyendo durante los últimos 15 años.
Dirigirse a las prácticas responsables es un paso novedoso y lógico. El nuevo enfoque contribuirá a la confianza de inversionistas, alineará los activos con las aspiraciones de la nueva generación de consumidores y dará nueva vida a los mercados regionales.
La renombrada empresa consultora Natixis Investment Managers informó en 2019 que los enfoques conscientes de inversión y consumo se están acercando, estando en constantante evolución. Según los expertos, casi el 76% de los inversionistas cree que invertir debe ser ético. Sin embargo, solo la mitad de ellos está dispuesta a enfrentar costos adicionales para cumplir con los objetivos no financieros y a reducir ganancias. De la perspectiva del consumidor, la situación es similar: el 63% está dispuesto a comprar productos de empresas alineadas con sus valores personales, pero solo en caso de que eso no afecte gravemente a sus finanzas.
En el contexto latinoamericano, las tres áreas de las estrategias ASG requieren atención y se abordan de diferentes maneras. Algunos inversionistas se enfocan en consolidar la cultura corporativa y la ética empresarial, otros implementan proyectos socialmente responsables en beneficio de la comunidad local, mientras que hay aquellos que aplican restricciones a su portafolio y se abstienen de invertir en empresas con intensas huellas de carbón para cuidar el margen de seguridad del planeta que habitamos.
En cuanto al tema de ética empresarial, siempre hay que tener considerada la escala de corrupción en América Latina. Aquí, la herrumbre administrativa emerge en los municipios rurales y llega a los altos responsables del Estado. Un cambio solo se puede dar cuando las empresas y las entidades administrativas interactúan de manera constante y transparente. Lobby socialmente responsable, prevención de abuso de autoridad, licitaciones transparentes y controladas, reducción de la carga burocrática… Parece utópico todo lo mencionado. El bloque G de las métricas de ASG incluye las medidas y prácticas dirigidas a asegurar que estos clichés burocráticos se conviertan en acciones reales por el bien de la sociedad. En cuanto a las empresas, tendrán de beneficio la mitigación de riesgos reputacionales y la agilización de trámites formales.
De hecho, con debida atención a sus estándares de gobierno corporativo, la brasileña Odebrecht S.A. y Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) podrían haber evitado escándalos internacionales, acusaciones de soborno y forzadas ventas de activos. A su vez, Chile y Uruguay son casi ejemplares en lo que se trata de transición de la teoría a la práctica anticorrupcional. La tolerancia cero a la corrupción que históricamente se arraigó aquí fue promulgada por los gobiernos ‘desde arriba’ y no se atribuye a las modernas tendencias corporativas. Otra tendencia común en América Latina es el insuficiente financiamiento de proyectos de infraestructura que va ganando fuerza debido a las restricciones anti-epidemiológicas y la caída de indicadores macroeconómicos. La economía latinoamericana requiere del 5% al 6% del PIB para cerrar la existente brecha de infraestructura, muy perceptible en el sector de transporte. Sin embargo, en los últimos años, los fondos que fueron dirigidos anualmente no sobrepasaron el 2%. A la hora que el PIB de la región disminuya al menos unos diez puntos en el 2020 y las estructuras presupuestarias se revisen para detener Covid-19, se espera un estancamiento en el mercado de infraestructura de transporte. Esto llevará a que la accesibilidad en medios de transporte no se desarrolle como debido. Por lo menos, queda la esperanza de que fortalezcan los enfoques eco-éticos y América Latina no reciba otro proyecto como el Tren Maya mexicano.
Sin embargo, la pandemia y la crisis de la petrolera de este año no solo tuvieron efecto negativo, sino también hicieron que inversionistas evalúen oportunidades nuevas. Se refiere esto a la agricultura, la educación, los productos farmacéuticos, las tecnologías digitales y energías renovables. Básicamente, esas son las industrias que apoyan las funciones humanas en situaciones críticas en el siglo XXI.
Una impresionante constancia hace que los proyectos de energía renovable destaquen entre la multitud: el interés de los inversores sigue alto durante casi dos décadas ya que el retorno promedio varía entre el 10% y el 15%. El mejor desempeño se demuestra en el subsector de generación distribuida (autónoma) en áreas ambientalmente frágiles y remotas. Las plantas solares y eólicas permiten que las comunidades se mantengan en línea y con acceso a la electricidad ante eventuales desastres naturales y emergencias. Algo específico de los negocios responsables en América Latina es su amplia cobertura sectorial y de escala variada. A modo de comparación, los ASG-ratings de Rusia incluyen solo empresas con capitalización multimillonaria, mientras que el panorama para América Latina es completamente diferente. Las pequeñas y medianas empresas aplican prácticas responsables enfocadas en el efecto ambiental y social. La industria de la moda es ejemplar aquí: más de 50 empresas de Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador operan en varias direcciones a la vez reciclando polímeros para producir trajes de baño, optando por tejidos orgánicos locales y ubicando la fabricas en zonas con alto desempleo.
Hoy en día el sector real de la economía latinoamericana está apostando por una nueva generación de consumidores, los millennials, que serán el motor impulsor del mercado de consumo en los próximos 5–10 años. En toda la historia de la región, este es el grupo social más educado que está atento a la agenda ambiental. Las redes sociales, parte integral de la vida de los millennials, fortalecen su poder de mercado y contribuyen a crear hábitos de consumo colectivos. En el mediano plazo, este segmento de consumidores votará con sus billeteras a favor de los negocios éticos, y ahí es donde está la clave a la rentabilidad.
El crecimiento de profesionalismo y un más alto nivel de educación forman un adicional efecto indirecto de las inversiones ASG en América Latina. Al fin y al cabo, la responsabilidad empresarial esta vinculada a la gente que promueve las ideas éticas y controla su implementación. Dada la flexibilidad de las métricas ASG y la ineficiencia de enfoques genéricos, América Latina tiene una gran oportunidad de formar una nueva generación de gerentes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, siempre priorizando la singularidad ecosocial de la región.
