Ecocidio, aniquilación del rastro prehispánico, urbanización de parques ecológicos y cinco años de construcción en la península estratégica de América Central… Aunque parezca sinopsis de la película Apocalypto de Mel Gibson, es el panorama del megaproyecto del Tren Maya recibe miles de millones de dólares presupuestarios en el medio de la crisis económica.
Evaluemos los riesgos del proyecto y los beneficios de las corporaciones involucradas, veamos el desarrollo sostenible el rol del agua dulce de una nueva perspectiva en nuestro nuevo material.
Este mayo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explícitamente indicó que no hay nada que pueda detener el Tren Maya: ni la pandemia Covid-19, ni la caída del PIB, ni el alarmismo de la nación u organizaciones internacionales.
Desde el inicio de la carrera presidencial del 2018 el pernicioso proyecto ferroviario con una longitud de 1525 km y costo de 6,200 millones de dólares es prioridad personal de AMLO. El Tren Maya esta enlistado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 y con cada nuevo día se cubre de proclamaciones y violaciones de ley. Además, con la volatilidad de la divisa mexicana y descuidado planeamiento financiero, el aumento del costo del proyecto y retenciones indebidas parecen más que reales.
Se supone que el Tren Maya será financiado con fondos públicos, pero no siempre las empresas mexicanas beneficiaran del proyecto. Los primeros contratos fueron adjudicados en el 2019. Así, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) firmó contratos directos para servicios de consultoría con los líderes del mercado lobista al servicio de empresas transnacionales. De tal forma, PricewaterhouseCoopers (PwC), Steer Davies & Gleave y Woodhouse Lorente Ludlow (grupo CMS) confirmaron la rentabilidad del proyecto y su efecto beneficioso y multilateral, sin haber mencionado los posibles riesgos sociales, financieros y ambientales. Sin embargo, es solo un aislado ejemplo de violación de procedimientos de licitación: de 102 contractos anunciados son ya 45 los que fueron adjudicados directamente. Consecuente, la red ferrovial se cubrirá de ciudades-fantasmas y puestos cómodos para el narcotráfico y migración ilegal.
El valor total de los contratos directos asciende a 1,700 millones de dólares, lo que ya implicó que el presupuesto mexicano de megaproyectos esté sobrepasado en el primer semestre del 2020. Esto provocó una falta de financiamiento en otros proyectos de escala nacional, pero no parece que esto pueda detener al presidente Obrador.
El Tren Maya pasa por casi una centena de municipalidades de los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas y, de tal forma, afectará no solo las vidas del pueblo Maya, sino también de unas decenas de otras comunidades.
El Tren Maya sigue en marcha a pesar de la situación epidemiológica en México, los contradictorios y dudosos resultados del estudio de impacto ambiental, el resentimiento de la población y oposición política. Los contractos para la construcción de los primeros cinco tramos ya están adjudicados, pero realmente falta orden en términos de plazos. El estudio de factibilidad se esta revisando simultáneamente con la liberación de derechos de vía y permisos necesarios para construcciones en parcelas que pertenecían a personas privadas y reservas ecológicas.
Al igual es posible que los contratos de construcción quedaran en manos de empresas extranjeras como resultado de una cesión de derechos o subcontratación. De tal forma, los fondos de la caja del Estado (y contribuyentes mexicanos) fluirán al favor de corporaciones transnacionales.
Las trabajos en los primeros cinco tramos del Tren Maya deberán arrancar hasta finales del 2020.
Lo que superan las comunidades indígenas de cinco estados de la Península de Yucatán tiene algo en común con la construcción de Ferrocarril Transcontinental de los Estados Unidos y la consecuente privación de derechos de la gente nativa en los sesentas del siglo XIX. La única diferencia es que en el siglo XIX el ferrocarril sí significaba el progreso tecnológico y fue indispensable para el crecimiento económico.
El Tren Maya pasa por casi una centena de municipalidades de los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas y, de tal forma, afectará no solo las vidas del pueblo Maya, sino también de unas decenas de otras comunidades. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) admiten que las consultas con las comunidades locales han tenido serios trastornos e inclusión mínima. Los que fueron informados sobre el proyecto no sobrepasan el 5% de registrados en el Instituto Nacional Electoral (INE) de los estados involucrados. Promoviendo el Tren Maya en las comunidades locales con bajo nivel de instrucción el Gobierno opera con frases comunes, oculta las ramificaciones negativas y promete que el bienestar social crecerá con la llegada del tren.
Los partidarios del proyecto encabezados por el presidente AMLO proclaman un desarrollo socioeconómico de la Península de Yucatán una vez puesto el proyecto en marcha. Prometen que será posible debido al aumento del flujo turístico, creación de unos 100 mil nuevos empleos y desarrollo de la infraestructura de transporte comercial.
Pero estas declaraciones no superan la menor crítica o análisis de consecuencias de largo plazo. El proyecto amenaza traer aún más desigualdad social, desempleo postergado, crimen y caída de flujo turístico. La red del Tren Maya servirá de armazón para la masiva cultura del consumismo, tan dañina para la armoniosa conexión del medio ambiente y ser humano, el rasgo individual de la Península de Yucatán.
El Tren Maya sigue firme en su camino al ecocidio y destrucción. En un contexto cuando ya varias ciudades mexicanas enfrentan un déficit de agua potable, la política del gobierno mexicano va en rumbo recto a una crísis de abastecimiento de agua.
Los dirigentes no mencionan que los empleos nuevos serán de baja cualificación y creados en los sectores de construcción y servicios en las zonas turísticas. Además, en gran parte, temporales y de contrato corto. Es notable que los responsables políticos no parecen estar interesados en elevar el nivel de educación, ni en diversificar las capacidades profesionales de la población indígena. Lo que seguramente aumentará la brecha entre la riqueza y la pobreza a nivel nacional.
En su turno, los indicadores para el sector turístico son aparentemente impresionantes y utópicos. Es imposible dejar sin atención la idea de los promotores del proyecto que planean aumentar el número de visitantes para algunas de las zonas hasta por 7500%… De tal manera se planea subir el número de visitantes de la zona ecológica Calakmul en el estado de Campeche de 12 mil a 900 mil por año. Una cifra increíble y, al mismo tiempo, gran amenaza para el ecoturismo. Los promotores del proyecto no consideran que un proyecto industrial privará en la zona yucateca de su auténtica cultura prehispánica, paisajes vírgenes y reducirá el interés de los turistas.
A parte del sector turístico la economía de la Península de Yucatán depende seriamente del sector agropecuario, principalmente orgánico y tradicional. Las actividades rurales son sensibles, por eso un proyecto de tal escala es una gran amenaza a la cantidad y calidad de cosechas. Como consecuencia, México arriesga disminuir sus volúmenes de producción y exportaciones de fruta tropical, verduras, chiles, miel y productos orgánicos que en los últimos 20 años han recibido conocimiento en los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia.
Pero el Tren Maya sigue firme en su camino al ecocidio y destrucción. Tomando en cuenta que bajo el suelo de la Península de Yucatán se encuentra la más grande reserva de agua dulce de México, escondida en cenotes y ríos subterráneos, el efecto nocivo de la construcción provoca gran preocupación. Un riesgo previsible es que la reserva hídrica quede contaminada o que sus ciclos de reposición se interrumpan. Otra amenaza implícita esta en el sector de bienes raíces: a la hora de enajenar sus tierras a personas privadas y consorcios internacionales para la construcción ferrovial los mexicanos se ponen en un estado dependiente. En un contexto cuando ya varias ciudades mexicanas enfrentan un déficit de agua potable, la política del gobierno mexicano va en rumbo recto a una crisis de abastecimiento de agua.
A pesar de lo grave que está el drama ecológico y económico, los promotores del Tren Maya siguen ignorando insistentemente los riesgos del proyecto y declaran su rentabilidad. Y aquí de nuevo una falta de precisión: los datos económicos y los indicadores de carga del ferrocarril yucateco son controvertidos, de plazo corto y alejados de la realidad. Conforme a las estimaciones de PwC en transporte de pasajeros generara solo un 8% de los ingresos totales, a la hora que la Cámara de Diputados del Congreso publicó un reporte indicando un 30%.
La ambigüedad solo genera nuevas preguntas y dudas de la nación y, junto con ello, los riesgos de disrupción social a nivel del país y de la región. El Tren Maya parece haber adquirido las peores practicas existentes: falta de alternativas, prisa con los contratos, populismo, negligencia de la opinión pública, alteración del desarrollo sostenible, corrupción a niveles múltiples e irrazonable empleo de fondos presupuestarios.
