Ph.D. en Ciencias Políticas,
La Paz, Bolivia
El 8 de mayo, el Gobierno de transición de Bolivia firmó un Decreto que brinda libertad para usar semillas genéticamente modificadas en varios cultivos. Tal medida provocó un debate acalorado entre los empresarios y el campo de oposición compuesto por activistas y organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo se desarrolla hoy el tema de la introducción de biotecnologías genéticamente modificadas en la agricultura en América del Sur? ¿Qué consecuencias pueden tener los países de la región?
Hoy, una nueva generación de alimentos genéticamente modificados va directamente de los campos a las mesas de los consumidores. Se trata no solo de cultivos, sino también de animales criados en condiciones genéticamente creadas. A menudo, sin una investigación independiente que confirme la viabilidad de dichos productos, las empresas y los gobiernos anuncian la “seguridad” de estos productos. En los países latinoamericanos, el tema del desarrollo de la biotecnología es particularmente agudo. ¿Y qué es eso? ¿Responsabilidad científica o irresponsabilidad de los gobiernos regionales?
Chile es actualmente el mayor exportador de semillas en el hemisferio sur. La corporación transnacional “Bayer” amplía su presencia cada año y aumenta el número de plantas para la producción de semillas genéticamente modificadas de su subsidiaria “Monsanto”, lo que provoca una lluvia de críticas de las organizaciones ambientales regionales. A unos 50 kilómetros al sur de la capital chilena se encuentran las dos plantas de semillas más grandes de Chile. En septiembre de 2018, después de la adquisición de “Monsanto”, “Bayer Crop Science” anunció la modernización de la planta de Viluco, el único productor de semillas de hortalizas en América del Sur y una de las tres plantas más grandes del mundo.
Según los datos oficiales de la Federación de Productores de Semillas de “ChileBio”, en los años 2016-2017 Chile exportó semillas por un valor de $ 338.5 millones, una quinta parte de la cual fue modificada genéticamente. Uno de los beneficios para el negocio de semillas de Chile es que cuando en Europa es invierno, en Chile es verano. Las semillas de hortalizas procesadas en la planta de Viluco todavía representan solo una pequeña fracción de la exportación de semillas. Más importante: el maíz, la soja y la semilla de colza. Se procesan en otra planta, a pocos kilómetros al sur de Viluco, en el campo de Paine. Allí, la mayoría de la población está empleada en el sector agrícola. Por cierto, en los países de la UE está prohibido el cultivo de la semilla de colza genéticamente modificada. En Chile, por otro lado, el cultivo está permitido solo para fines de investigación y exportación.
Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en adoptar soja genéticamente modificada. Esta decisión se tomó en marzo de 1996 y en un tiempo récord, dentro de 81 días, con base en estudios realizados por la compañía “Monsanto”, sin tener en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y médicas. Tal medida fue un hito importante en el desarrollo alimentario de Argentina y significó cambios dramáticos en el modelo agrícola del país. Además, la Resolución fue adoptada por varios funcionarios, encabezados por el Ministro de Agricultura, el actual Jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Solá (Felipe Carlos Solá), sin una amplia cobertura de información y participación ciudadana.
Del mismo modo, el 12 de mayo de 2015, se aprobó la Ley de Edición Genética, que no se consideró en el Congreso Nacional y, como en el caso de la soja, cualquier información sobre esto se mantuvo en silencio para el público. Esta Resolución Ministerial No 173/15 fue firmada por el ex Ministro de Agricultura, Gabriel Delgado (Roberto Gabriel Delgado). Volviendo a la interpretación de esta Ley, uno debe prestar atención a la redacción, que señala que la regulación genética se refiere a “nuevos métodos de mejoramiento” de las biotecnologías agrícolas, y no al cultivo transgénico de plantas, por lo tanto, para tal medida, no es necesario estudiar posibles impactos ambientales o la salud de la población.
A pesar de las medidas de cuarentena en Bolivia, el 8 de mayo, el Gobierno de transición aprobó un Decreto que brinda libertad para usar semillas genéticamente modificadas en varios cultivos. La Presidenta Interina del país, Jeanine Áñez (Jeanine Áñez Chávez), firmó esta Resolución aprobando la implementación de “procedimientos abreviados” (dentro de 10 días) para la introducción de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja.
Las empresas agrícolas más grandes de Bolivia, ubicadas en el departamento de Santa Cruz (región oriental), que han requerido más apertura para que las semillas genéticamente modificadas ingresen al mercado del país durante más de una década, han aceptado con entusiasmo esta decisión, calificándola como una herramienta clave para mejorar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. Entre los sectores, cabe destacar la Cámara Agropecuaria del Oriente, varias asociaciones de productores de semillas oleaginosas, aceite industrial, productores de lácteos y propietarios de complejos ganaderos, que enviaron cartas de agradecimiento a Áñez.
Antes de la adopción de la Resolución, los alimentos y semillas genéticamente modificados estaban prohibidos por la Constitución Política de Bolivia de 2009, sin embargo, el Gobierno anterior de Evo Morales (Juan Evo Morales Ayma) a principios de 2019 autorizó el uso de una nueva variedad de soja transgénica en cultivos destinados exclusivamente a la producción de materias primas para uso industrial. A su vez, el Movimiento Agrario Boliviano, que reúne a unas cuarenta organizaciones de productores y grupos de investigación privados, advirtió que una apertura general a las semillas de OGM significaría promover los intereses de las cadenas de negocios agropecuarios, beneficiando principalmente a los grupos económicos dominantes, y no a la mayoría de los fabricantes. Además, las Organizaciones Ambientales No Gubernamentales (ONG) rechazaron la Resolución del Gobierno de transición alegando que pondría en peligro la seguridad alimentaria de Bolivia en lugar de garantizar suficientes suministros de alimentos para el mercado interno y las exportaciones.
Hoy en día, la adopción generalizada de semillas genéticamente modificadas en América del Sur es motivo de preocupación no solo para los ambientalistas, las organizaciones no gubernamentales, sino también para la población en general. El uso ilimitado de semillas transgénicas afectará especialmente a sectores tradicionales como el trigo y el maíz. Además, los países sudamericanos tienen cientos de variedades de estos cultivos, que todavía se cultivan por métodos tradicionales y orgánicos. ¿Cómo pueden los gobiernos de la región lograr un equilibrio entre las grandes empresas agrícolas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria? ¿Podrían las decisiones políticas conducir a un desastre ambiental? – solo algunos de los problemas mundiales que hoy crean “convulsiones” sociales en América del Sur.
