Ph.D. en Ciencias Políticas,
La Paz, Bolivia
El 20 de abril los mayores tenedores de bonos estatales argentinos rechazaron la propuesta del Gobierno del país latinoamericano para reestructurar su deuda externa por un total de aproximadamente $ 83 mil millones, lo que aumenta la probabilidad de un noveno default. ¿Qué le espera a Argentina en el futuro cercano? ¿Cómo pretende el Gobierno argentino “salir” de la crisis económica?
La semana pasada, las autoridades argentinas se negaron a pagar intereses sobre tres emisiones de bonos estatales en moneda extranjera por un total de aproximadamente $ 500 millones hasta el 22 de abril. El Ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán (Martín Maximiliano Guzmán) hizo una declaración oficial de que el Gobierno del país tiene la intención de utilizar el período de gracia de 30 días para el pago de intereses, mientras continúa las negociaciones con los acreedores extranjeros sobre la reestructuración de la deuda.
Como señalan varios analistas económicos, se esperaba esta decisión por parte del Gobierno del país latinoamericano. Cabe considerar que una semana antes de la declaración oficial, Guzmán presentó un plan para la reestructuración de la deuda estatal de Argentina, que, según sus pronósticos, debería reducir la carga de la deuda estatal en más de $ 40 mil millones. Además, los observadores internacionales del periódico “The Wall Street Journal” sugirieron hace unos días que el próximo mes Argentina puede anunciar otro default.
En respuesta a la declaración del Ministro de Economía de Argentina, tres grupos de acreedores emitieron la semana pasada declaraciones de que no estaban listos para aceptar la propuesta del Gobierno del aplazamiento del pago de intereses sobre la deuda hasta 2023 y el monto principal de la deuda hasta 2026 al margen de la cancelación del 62% de los pagos de cupones sobre el total $ 38 mil millones y 5.4% del monto principal de $ 3.6 mil millones.
Por lo tanto, es necesario comprender quién está incluido en cada uno de los tres grupos de los acreedores antes mencionados, y qué argumentos se guían por ellos. El primer grupo representa a los titulares de más del 16% de este tipo de valores, cuyo consultor es el bufete de abogados “Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan”. Los participantes incluyen fondos de cobertura como “Monarch Alternative Capital” y “HBK Capital Management”, así como grandes inversores institucionales “Fidelity”, “BlackRock”, “Ashmore” y otros. El 20 de abril, este grupo anunció que, en lugar de seguir un curso de colaboración constructiva, el Gobierno argentino prefirió ofrecer unilateralmente la propuesta a los acreedores. La declaración oficial señala que los inversores creen que todas las partes interesadas en el país deberían contribuir a encontrar una solución que coloque al país en el camino hacia el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera. Sin embargo, en su opinión, las condiciones propuestas 2 días antes de la fecha límite no cumplen con este objetivo y sugieren que una parte desproporcionada de las medidas de ajuste de la deuda a largo plazo “recaerá sobre los hombros” de los tenedores extranjeros de bonos estatales.
En cuanto al segundo grupo de acreedores, sus participantes en total poseen más del 25% de los bonos de Argentina emitidos después de 2016, así como más del 15% de los bonos que se les vendieron en el marco de la reestructuración anterior. El consultor de este grupo es un bufete de abogados con una oficina de representación en Nueva York, “White & Case”.
Finalmente, el tercer grupo de acreedores incluye el mayor holding financiero suizo “UBS Group AG” y la compañía argentina “Mens Sana Advisors”, que también rechazaron los términos de la propuesta del Gobierno argentino, llamando la atención sobre el hecho de que se resolvió “sin negociaciones serias”.
Además, casi todos los pequeños inversores tampoco aceptaron la propuesta del Gobierno argentino. En respuesta al rechazo de las condiciones propuestas, Martin Guzmán durante su discurso en la estación de radio “El Destape” dijo que tal respuesta de los acreedores era bastante esperada y fue causada por su deseo de presionar al Gobierno para lograr condiciones más favorables en el marco de la reestructuración de la deuda. Sin embargo, según él, Argentina ya está “a un paso” de otro default, por lo tanto, las autoridades argentinas no pudieron ofrecer otras opciones. Guzmán llamó a esta perspectiva “irresponsable”, y señaló que el Gobierno no puede recaudar fondos en los mercados financieros.
Por lo tanto, se asignaron 20 días para acordar con los acreedores. Es de destacar que las negociaciones terminarán poco antes de que el Gobierno argentino tenga que hacer los próximos pagos de la deuda externa, que es de aproximadamente $ 500 millones. Ya llegaron el 22 de abril, y el país latinoamericano tiene un período de gracia de 30 días para realizar los pagos.
Para resumir, cabe citar datos de agencias internacionales conocidas. A principios de la semana pasada, la agencia de calificación de la corporación financiera “Fitch Group” ya redujo la calificación de default de emisor (IDR) de Argentina a largo plazo en moneda extranjera de “CC” a “C”. La calificación crediticia es un instrumento financiero para medir el grado de confiabilidad de los bonos emitidos por una empresa, corporación o incluso uno u otro Estado. La calificación está asignada por agencias especiales. Las calificaciones a largo plazo evalúan la capacidad del emisor para cumplir oportunamente con sus obligaciones de deuda. Los indicadores de la agencia de calificación “Fitch Ratings” tienen las designaciones de letras “A”, “B”, “C”, según las cuales “A” significa las compañías (Estados) más solventes y “C” – lo contrario. Volviendo a la cuestión “argentina”, la calificación “CC” significa “obligaciones extremadamente especulativas” y “C” – están cerca del default (o ya están en default) con una pequeña posibilidad de reembolso. A su vez, otra agencia de calificación “S&P Global Ratings” declaró el 17 de abril que no tenía intención de cambiar las calificaciones de Argentina luego del anuncio por parte del Gobierno del país de los términos de la reestructuración de la deuda, dado que, según su escala, ya están en el nivel “SD” (default selectivo).
